El INEMexico quedará sometido a estrés institucional para reestructurarse en su totalidad en menos de seis meses.
En ese plazo, el Instituto deberá emitir nuevas normas internas, ajustarse al recorte presupuestal, despedir al 84.6% de su personal especializado y, al mismo tiempo, prepararse para las elecciones de 2024.
Te podría interesar: México Publican Ley de Comunicación que permite mañaneras y promoción de aspiraciones La primera parte de esa reforma –que incluyó los cambios a la Ley de Comunicación Social y a la de Responsabilidades Administrativas– entró en vigor el 28 de diciembre, luego de ser avalada por la mayoría de Morena y aliados en el Congreso.
Pero eso no ocurrió y apenas comenzó su vigencia este 2 de marzo, por lo que los tiempos se redujeron y quizá se haría necesaria una extensión de plazo. Te podría interesar: México Publican Ley de Comunicación que permite mañaneras y promoción de aspiraciones Por lo pronto, en sesión del viernes 3 de marzo, el INE dará el segundo paso ordenado en el Plan B –el primero fue la salida inmediata del secretario ejecutivo, mandatado por el artículo transitorio décimo séptimo de decreto- y a esto seguirá la designación de un encargado del despacho de la secretaría ejecutiva, que...
Pese a las incongruencias detectadas en la nueva legislación, el organismo acatará: “no les vamos a dar gusto a los detractores del INE que están buscando cualquier pretexto para denunciarnos y perseguirnos”, refrendó el 23 de febrero. Y una vez aprobados estos lineamientos ya sólo tendrá un mes para transformarse a nivel central, a todo vapor, tarea que debe completar en un plazo de tres meses.
La reforma incluye 16 cambios a la estructura que impactan a igual número de comisiones, direcciones y unidades técnicas. Eso implicará desde reorganizar personal, alinear estructuras ocupacionales y emitir lineamientos de funcionamiento, hasta reubicación de oficinas, todo en un tiempo récord de 60 días.
Las decisiones y cambios involucrados implican la modificación de claves presupuestales, apertura y cierres de cuentas bancarias, reasignaciones de personal del Servicio Profesional Electoral Nacional y trabajadores de la rama administrativa, inventario de mobiliario y en su caso traslados a inmuebles propios o arrendados.
Pero se dio al INE un plazo de máximo dos meses para adecuar todos los reglamentos y normas del Instituto que impacten en esa elección, para estar en condiciones de que sean aplicables en ella. Te podría interesar: Congreso Diputados perfilan desatender fallo que ordena una presidenta para el INE A eso se suma que simultáneamente a esa reformas normativas el INE deberá renovarse parcialmente, pues el 4 de abril otras personas deberán asumir la presidencia del Consejo General del INE y tres consejerías, pues ese día concluye su gestión Lorenzo Córdova Vianello, y los consejeros Adriana Favela, Ciro Murayama y José Roberto Ruiz.
Según lo aprobado, deberán hacerse todas esas modificaciones a más tardar en abril y transferir atribuciones a instancias que para entonces serán inexistentes. La nueva Ley electoral también ordena juntar tres áreas, la Dirección de Administración con la del Servicio Profesional Electoral y la Unidad Técnica de Servicios de Informática.
Los cambios que ordena el"Plan B" se realizarán también a nivel local en materias como organización de elecciones, cómputos de resultados, registro de candidaturas a nivel local, paridad de género, postulaciones para minorías, y modificarán las estructuras de los Organismos Públicos Locales Electorales e impactarán en la justicia electoral local y en la forma de trabajar de los Tribunales Electorales locales.
Y para las entidades también aplica el artículo 105 de la Constitución, que ordena que toda reforma legal que impacte en las elecciones debe realizarse a más tardar 90 días antes del inicio de sus respectivos procesos electorales locales. Pero al mismo tiempo en que operan, de acuerdo a las reformas, tienen plazo para transformarse el 15 de agosto, cuando es previsible que aún haya impugnaciones en ambas entidades, pues aún estarán en medio de sus procesos electorales.
Esto implicará la pérdida de plazas del SPEN. El artículo citado ordena que entre enero y mayo se realizarán consultas sobre los perfiles adecuados para quedarse y “a más tardar el 1o. de junio” se ordena tener diseñado el proceso de evaluación. Es ahí donde el grueso del personal del SPEN –2,100 de un total de 2, 571 integrantes–, el 84.6%, será liquidado.
Y eso sin considerar que este, por ley, puede defender sus derechos laborales ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación , lo que eventualmente extenderá los plazos para el finiquito y quizá modifique los montos. También los trabajos de reestructuración, se estimó, deberían aplazarse a octubre y no dejar el plazo del 1 de agosto.
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