Desde una ciudad de Estados Unidos, Omar Gómez Trejo, extitular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, detalla cómo una “decisión de Estado” hizo posible cancelar en 2022 las órdenes de aprehensión contra 16 militares.
–Omar –cuenta Gómez Trejo que le dijo el fiscal–, necesito un favor, una ficha de trabajo donde me diga cómo va el caso, qué hay, qué avances. Tengo un desayuno el próximo lunes.
Entre las 19:30 y las 20:00 horas, los dos autobuses se separaron; uno se quedó en el cruce de Huitzuco, un lugar conocido como Rancho del Cura, y el otro se dirigió a la caseta de cobro de Iguala. Los estudiantes no sabían que habían sido infiltrados e identificados, y que eran monitoreados por elementos de inteligencia militar.
Frente a los hechos, la política de Estado durante el gobierno de Enrique Peña Nieto fue la mentira.
Mario González, padre del estudiante desaparecido César Manuel González Hernández, me dijo en 2018 que no veía con buenos ojos la propuesta del entonces candidato: “Más que la comisión de la verdad, nosotros lo que queremos es la verdad. La comisión ya la tenemos. Tendríamos que partir de las recomendaciones y las investigaciones del GIEI”.
Unos cinco días después de los ataques en Iguala, su jefe le preguntó si podía ir con una colega como observador, para entrevistar a familiares y estudiantes. “Me acuerdo que regresamos con mucha información de esas primeras entrevistas. Cuando ya regresábamos de la escuela, mi compañera de la ONU venía llorando atrás y yo venía llorando enfrente. Y el chofer que manejaba no entendía qué pedo.
Tres meses después, el 27 de enero de 2015, Gómez Trejo estaba sentado en una fondita comiendo con dos colegas de la ONU. En la televisión transmitían la conferencia de prensa de Murillo Karam y Zerón, en la que presentaron la “verdad histórica” de lo ocurrido en Iguala, basada en videos de tres supuestas confesiones.
La mayor revelación fue una serie de videos y fotografías que mostraban un operativo de la PGR y la Marina, dirigido por Zerón, en el basurero de Cocula y el río San Juan, realizado —según la grabación de un par de periodistas independientes, constatada en la metadata de sus imágenes— el 28 de octubre de 2014. El GIEI aseguró que no existía en el expediente un solo documento de ese operativo.
“Sí, me dio miedo”, me dice cuando le pregunto sobre ese tiempo. “Porque hubo gente que después me enteré que trabajaba con Tomas Zerón que se me acercaba. Y de pronto hubo un día en que llegaron a mi casa: ‘Ah, ¿qué pasó, jefe? ¿Aquí vive?’. Y ahí sí yo entendí que había que tomar distancia. Entonces tuve que salir de México para evitar, este… pues cualquier cosa. O sea, esa gente de verdad era poderosa en ese momento”.
Un día, mientras se preparaba para el regreso, le llamó James Cavallaro, profesor de derecho y expresidente de la CIDH. Estaba en Honduras. Se fueron a cenar y Cavallaro le dijo que fuera a Washington porque la CIDH necesitaba a una persona conocedora del caso Ayotzinapa para sacar adelante el mecanismo de seguimiento que había negociado con el gobierno mexicano después de que decidiera no ampliar el mandato del GIEI.
Los defensores de derechos humanos Ana Paula Hernández y Abel Barrera lo convencieron de que se postulara al cargo de fiscal especial para el caso Ayotzinapa. En ese momento estaban elaborando el acuerdo que establecería la UEILCA. Sus amigos le decían que él conocía el expediente como pocas personas. Llamó al abogado de las familias de los estudiantes desaparecidos, Santiago Aguirre, para consultárselo y pedirle que lo hablara con los padres y madres.
Lo primero que hizo fue entrevistarlas a todas. Hizo un primer análisis de quienes realmente trabajaban y quienes decían cosas como: “No va a poder, jefe, esto está bien amarrado desde arriba”. “Al que traigan no lo va a lograr”. “No, jefe, lo que pasa es que no puedo venir mañana porque soy el padrino de unos 15 años y es lejos. Voy a llevar a toda mi familia, si quiere lo invito. Véngase”.
Mientras trabajaba en depurar el equipo y despedir funcionarios, reunía a colaboradores de confianza y sumaba a jóvenes como Damián, nombre ficticio, un abogado lector de Agatha Christie y conocedor del caso Ayotzinapa porque había trabajado en el GIEI. Las tres instancias trabajarían de la mano, cada una con su función, y en conjunto para investigar, conseguir y compartir información, resolver el caso y hacer justicia. Ese fue el plan. No sucedió así.
Pero López Astudillo también miente. Obtuve una copia de su declaración. Dice que esa noche la contra se había metido entre los normalistas. Que por eso los atacaron. Asegura que otro miembro de Guerreros Unidos le dijo que esa noche “había habido más de ochenta personas fallecidas”. Pero no hay una sola fotografía o video que muestre a personas desconocidas mezcladas con los estudiantes.
La circulación de esas imágenes entre diversas instancias de investigación generó problemas. “En los videos se veía a la Marina, se veía al Cisen, se veían unidades que estaban trabajando en la tortura”, dice la abogada colombiana Ángela Buitrago, del GIEI. “Ahí empieza Troya”. Buitrago dice que ese fue un momento de quiebre: “La crisis, crisis, crisis empieza porque se va a judicializar a una persona, y esa persona es del Cisen. Y la crisis empieza en noviembre del 21, porque incluso desde dentro de la misma fiscalía se da la orden de que no se judicialice estando los elementos”.
Esos mensajes se convirtieron en una obsesión para Gómez Trejo y su equipo.
Gómez Trejo y su colega se quedaron boquiabiertos con lo que leían. Cuando los agentes estadounidenses le preguntaron qué necesitaba, respondió: “Todo”. Por fin, en abril de 2021 se dio acceso a algunos repositorios. Buitrago cuenta que, ya con la orden de López Obrador, cuando llegaba el GIEI con la Covaj a los diferentes archivos, los militares decían que no había nada sobre el caso Ayotzinapa. En la Novena Región Militar, en Guerrero, les aseguraron: “Mira, todo es del 2021 en adelante”. “Bueno”, les contestaba Buitrago, “vamos a buscar”.
El 24 de septiembre de 2021, en la víspera del séptimo aniversario de los ataques en Iguala, las familias de los 43 estudiantes desaparecidos volvieron a reunirse con el presidente, a quien le reclamaron que las órdenes de aprehensión no se cumplían o no avanzaban, y las dificultades para acceder a los archivos militares. Una madre le dijo que si el general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, no ayudaba, habría que quitarlo.
Mientras tanto, Sedena ya no dejaba entrar a sus archivos. Es más, le negaba a la UEILCA documentos que el GIEI había encontrado en su registro. Esos documentos no existen, respondía a los oficios de solicitud de la unidad. Cinco días después, el 13 de julio, cuando los padres y madres de los estudiantes se reunieron con Gómez Trejo y su equipo, le preguntaron qué sabía el presidente. En la UEILCA desconocían a qué se refería López Obrador. Las familias dieron una conferencia de prensa donde expresaron su preocupación sobre el pronunciamiento del mandatario.
Poco después, el fiscal especial habló con Encinas por teléfono. El subsecretario le contó sobre el desayuno con el presidente y mencionó que la Covaj tenía pruebas en contra de cinco militares por la desaparición de los estudiantes. Gómez Trejo pensó que eso estaba muy bien, pero le dijo: “Pues hay 20 militares responsables”.
Mientras tanto, Gómez Trejo volvió a subir al piso 25 para hablar con Gertz. De los militares y otros involucrados podía sacar las órdenes, pero para el caso del exprocurador necesitaba tiempo. Gómez Trejo bajó a su oficina y siguió trabajando en el discurso que le pidió Gertz, en el que nombra a los 20 militares a punto de ser judicializados. Lo mandó, junto con la lista de los militares, a la oficina del fiscal general. “Él siempre supo el número de militares que tuvimos en la investigación y que teníamos para consignar en ese momento, que eran 20. Él siempre lo supo”, insiste Gómez Trejo.
“Reviso la lista y dos personas estaban involucradas en la carpeta”, dice Alfredo. “Pertenecían al mismo grupo [de la SEIDO] de Blanca [Alicia Bernal Castilla, vinculada a proceso por el caso]: un conflicto de interés”. La exfiscal firmó varios de los oficios falsificados de la “verdad histórica”. Se quedaron trabajando todo el día y toda la noche. Los abogados enviados por Gertz les solicitaban documentos, transcripciones, sacar copias. Regresó el director del núcleo B. Le dijo a una joven ministerio público que la abogada de Asuntos Internos le iba a pedir que firmara la orden de aprehensión. “Yo, en tu lugar, no la firmaría y renunciaría”, le planteó su jefe. “Era una plática que habíamos tenido siempre”, cuenta Alfredo.
Mientras la orden de aprehensión elaborada en 24 horas por personas ajenas a la UEILCA avanzaba, otra sorpresa venía en camino. Ni las familias, ni sus representantes, ni el GIEI, ni siquiera Gómez Trejo y su equipo habían visto ese informe o los mensajes. Tanto el grupo de expertos como la Covaj habían trabajado bien y compartido todos sus hallazgos, también con la UEILCA. Hasta ese día.
Cuando Gómez Trejo salía de Palacio Nacional, después de la presentación del informe, se le acercó el fiscal general y le dijo que Félix Santana, secretario técnico de la Covaj, llevaría un testigo a declarar ante la UEILCA esa tarde. Gómez Trejo le recordó que tenía que preparar su viaje del día siguiente a Israel, que sería mejor tomar la declaración a su regreso. Pero Gertz insistió: “Reciba a ese testigo”.
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